ORGANIZACIONES SE MANIFESTARON CONTRA LAS PRESTATARIAS DE ENERGÍA
18 enero, 2022
La Asociación Argentina de Electrodependientes, el Observatorio del Derecho a La Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Inquilinos Agrupados y otras 21 organizaciones gremiales y de la sociedad civil realizaron una radio abierta en protesta por la deficiencia en la prestación del servicio, que se evidenció con mayor magnitud durante la reciente ola de calor.
Bajo la consigna “Basta de Edesur y Edenor”, a 30 años de la privatización del servicio eléctrico, las organizaciones realizaron una radio abierta en San José y Alsina -junto a las oficinas centrales de Edesur.
La acción de protesta se organizó en respuesta a “los reiterados cortes de luz y el abandono de las empresas privatizadas”, cuya actitud “denota desprecio a los usuarios de un servicio público esencial”.
La protesta se da “en un contexto de hartazgo en la sociedad por el pésimo servicio de las privatizadas”, que desde hace tres décadas “sólo buscan maximizar sus ganancias a expensas de la calidad del servicio y atentando contra el desarrollo de los pueblos y su soberanía”.
Los convocantes cuestionaron particularmente que “el sideral tarifazo entre 2016 y 2019” no se volcó el mejoramiento del servicio y que “quedó demostrada en estos días la falta total de inversión”.
Con el lema de “30 años fueron suficientes, basta de Edenor y Edesur”, la convocatoria busca ser “el punto de partida de una serie de acciones para instalar el debate sobre qué tipo de servicio público nos merecemos como pueblo argentino” y una eventual “revisión de la concesión” en función de esa reflexión.
A la protestas convocaron la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), Red Nacional de Multisectoriales, Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Personal Jerárquico de Empresas del Estado (PJEE), Frente Sindical Regional Sur, Frente Sindical para La Victoria, CGT Regional Lomas de Zamora “Carlos Costello”, y la Unión de Usuarios y Consumidores.
También fueron parte de la movilización la Asociación Civil por la Inclusión Energética, Fundación Acción para la Comunidad, La Boca Resiste y Propone, Comunidad Federal Inquilina y no Propietaria, Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Inquilinos Agrupados, CTA de los Trabajadores, Secretaría de Discapacidad Central de Trabajadores Argentinos Autónoma CABA, Movimientos La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), La Defensoría de Laburantes, Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB), Bloques de Concejales Frente de Todos Lomas de Zamora, entre otros.
El proceso de privatización del servicio eléctrico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se inició en 1992 por decisión del entonces presidente Carlos Menem y el traspaso a tres empresas privadas de todas las tareas de generación, distribución y comercialización que hasta entonces desarrollaba la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, devino en su disolución.
EL GOBIERNO MULTARÁ A UNA EMPRESA ENERGÉTICA
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló cargos contra la empresa que presta servicios en el norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires por $20 millones. La sanción se realizó porque la prestataria no informó los eventos que derivaron en los cortes del suministro eléctrico a 2,3 millones de usuarios los días 11, 14 y 15 de enero.
Por la resolución 7, el ENRE formuló cargos contra la concesionaria por «haberse verificado incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata los eventos que afecten sus instalaciones en toda su área de concesión».
El organismo certificó que «la empresa no informó los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero del corriente, que derivaron en la afectación del suministro eléctrico para aproximadamente 2.300.000 usuarios y usuarias».
El 11 de enero la caída de 1.800 megawatts afectó a 700.000 usuarios, y «en función del informe técnico, la Intervención del ENRE determinó que corresponde iniciar un sumario administrativo y formular cargos a Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones».
A su vez, la Resolución 7 del Departamento de Seguridad Pública del ENRE intimó a la empresa a presentar los registros de mantenimiento de la franja de servidumbre e informes de inspección; realizar y acreditar las mediciones de altura de conductores corrigiendo la misma por las condiciones climáticas y el factor de carga del día y horario del evento; y que acredite las medidas preventivas que se realizaron y realizarían en la Línea de Alta Tensión en resguardo de las viviendas allí instaladas.
Por otra parte, se instruyó al Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias a que realice un análisis técnico para determinar las causas que motivaron las interrupciones de suministro en las jornadas, y verifique el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa.
Con ese análisis técnico el ENRE «emitirá las sanciones y medidas pertinentes para prevenir fallas de este tipo o similares con el objetivo de minimizar los tiempos de reposición del suministro de energía eléctrica», indicaron desde el organismo.
En el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, la empresa distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su descargo.
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