Espinaje ilegal y falsificación de documentos: Procesan a Arribas y Majdalani

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados por el Juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos. Es en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia prohibidas, realizadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, en 2018.

El magistrado asimismo, de acuerdo a lo consta en el fallo de 172 páginas y al que tuvo acceso la agenda Télam, les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y además les prohibió la salida del país. La misma prohibición le cabe al ex jefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, también procesado y sobre quien se un embargo de 700 mil pesos.

En su resolución,  Augé sostiene que a partir de la investigación correspondiente, se pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” quien fuera  director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora, Majdalani, “impartieron órdenes” al procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordinara “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal”.

En el marco de este espionaje ilegal, se habrían desarrollado “vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.

El entonces director de Contrainteligencia, Martín Coste, que asumiera su cargo en 2018, y, como reza en el texto del magistrado, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”.

Cabe destacar que en el dictamen de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a instancias del cual se dispusieron los procesamientos, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la presunta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora, o al Instituto Patria. Se descarta entonces la vigilancia de los dos perímetros de esos lugares, frente a supuestas amenazas de atentados en el contexto de cumbres internacionales llevadas a cabo ese año en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, Augé sostiene en su fallo que luego de realizar esas maniobras ilegales, y al ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, “entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

Fuente: Télam